Estado de legislación contra la delicuencia informatica en mercosur

En ocasión de celebrarse el Iº Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal (Santa Fe, 2001), convocados para reflexionar sobre “El sistema penal ante las exigencias del presente”, tuvimos la posibilidad de presentar una ponencia acerca de la necesidad de una actualización legislativa en el marco del análisis de las relaciones entre la informática y el delito[1]. Sin perjuicio de adelantar que, cinco años después, los avances en el ámbito local han sido escasos, es decir que, de hecho, varias de las “deudas” indicadas en aquel trabajo están vigentes, este Encuentro es una oportunidad de volver sobre la cuestión desde una perspectiva más amplia: la necesidad de armonización legal en la región.

En función del acotado espacio que puede ocuparse ahora para ello, se evitarán reiteraciones de conceptos generales vertidos en la anterior, a la que remitimos. Sin perjuicio de ello, es insoslayable recordar que, habida cuenta de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la comunicación y la aparición en escena de un nuevo espacio, el virtual o ciberespacio, en materia de delincuencia, facilitando la afectación de bienes jurídicos a una distancia y con una velocidad hasta no hace tanto impensadas, resulta un lugar común la afirmación de estar en presencia de una problemática frente a la que el proceso de homogeneización legislativa y de cooperación en los ámbitos sustantivos y adjetivos, es una necesidad ineludible si se quiere evitar la existencia de “paraísos” de impunidad.

Es importante destacar que, lejos de la pretensión de fomentar aún más el fenómeno de inflación legislativa penal (rasgo ciertamente negativo propio del llamado “derecho penal de la modernidad”, paradójica designación para lo que, más que avance, pudiera ser un lamentable retroceso, una regresión a los momentos menos pensantes de la historia del derecho penal), entendemos media una necesidad legítima de completar la tarea de actualización legislativa. Como afirma Möhrenschlager, algunos casos de abusos relacionados con la informática deben ser combatidos con medidas jurídico-penales, pero el Derecho Penal tradicional presenta, al menos parcialmente, relevantes dificultades para aprehenderlos derivadas en buena medida de la prohibición jurídico-penal de analogía y, en ocasiones, son insuperables por vía jurisprudencial, por lo que urge adoptar medidas legislativas[2].

Natural derivación de un medio globalizado, estas observaciones se reproducen en el derecho comparado cuando se enfocan momentos de desarrollo legislativo similares. En concreto, el diferente estado de la cuestión en los países que conforman el bloque regional en forma plena o asociada, permitiría que el aprovechamiento de la experiencia de unos y otros aportara para optimizar la tarea de armonización.

Sin perder de vista las dificultades adicionales del singular proceso de integración que importa el Mercado Común del Sur, frente al que pueden hallarse visiones diametralmente opuestas, es posible avanzar desde lo local hacia esta equiparación que, luego, deberá ser integrada con los otros bloques regionales. En cuanto al propio, en palabras del constitucionalista brasileño Paulo Napoleão Nogueira da Silva, el Mercosur es una realidad que propone ser mucho más que una simple área de libre comercio, intenta ser una unión aduanera, una verdadera confederación económica que incluye la posibilidad de llegar a adoptar una moneda única[3]. En perspectiva crítica, indica Gabriela Wurcel que, más allá del nombre oficial, se está lejos de ser un verdadero mercado común o una unión aduanera perfecta[4].

Como recuerda Oscar Hermida Uriarte, el Mercosur tiene origen en el Tratado de Asunción, celebrado el 26 de marzo de 1991 entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, regulándose un período de transición o de construcción de una zona de libre comercio entre los cuatro países y de un arancel externo común en las relaciones del bloque con el resto del mundo. En la actualidad, se está tramitando la incorporación de un quinto país como miembro pleno, a partir del Protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela, que fuera signado en Caracas, el 4 de julio de 2006.  Por el Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre de 1994, se estableció su estructura institucional definitiva, constituyendo el Mercosur en una “zona de libre comercio”[5] a su interior con un arancel interregional del 0 %, salvo excepciones, y una “unión aduanera”[6] hacia terceros países con una arancel externo común diferencial que oscila del 0 al 20 %, con excepciones[7]. Según la citada Wurcel, la crisis que atravesó el bloque regional a fin del milenio pasado, llevó incluso a hablar de la conveniencia de poner todo el esfuerzo en la consolidación de, al menos, la zona de libre comercio, dejando un tanto de lado el perfeccionamiento de la unión aduanera[8].

Adriana Dreyzin de Klor apunta que al optar los gobernantes del bloque por un mercado común, la estructura intergubernamental sobre la que se construye repercute operativamente en todos los campos, no sólo el jurídico-estructural, siendo la mayor crítica la carencia de órganos legisferantes con competencia legítima para elaborar el Derecho que rige su destino, junto a la falta de una Corte de Justicia Permanente. La verificación de numerosos disensos entre los miembros ha ido instalando como idea con consenso el efectuar un viraje institucional que dote al esquema de una legitimidad democrática de la que carece[9]. El actual conflicto entre Argentina y Uruguay por el tema de las papeleras frente la provincia de Entre Ríos, es una muestra cabal de los problemas aludidos.

Desde el año 1992, con un plan inicial de cuatro encuentros, que comenzó cuando se realizó en Asunción, Paraguay, entre el 1 y el 4 de julio, el 1º Seminario Internacional sobre “Regionalización del Derecho Penal en el Mercosur”, con la participación de delegaciones de los cuatro países signatarios, conformadas por reconocidos profesores de la materia, se vienen realizando distintas actividades sobre el punto. En aquel encuentro los temas abordados fueron: 1) organización judicial; 2) los movimientos de reforma procesal penal y la protección de los Derechos Humanos; 3) procedimientos de cooperación en materia penal. El 2º Seminario fue en Maldonado, Uruguay, entre el 10 y el 13 de noviembre de 1993, mientras que el 3º se desarrolló en Porto Alegre, Brasil, del 27 al 29 de octubre de 1994, volviéndose a tratar cuestiones relacionadas a la cooperación internacional y temas relativos al Derecho Penal Económico. El 4º Seminario fue en Santa Fe, Argentina, del 26 al 29 de junio de 1996, donde se profundizaron temas vinculados a la delincuencia económica, como la protección penal de la competencia, el régimen penal de marcas, patentes y diseños industriales y el análisis comparativo de sistemas judiciales y de garantías procesales en el área[10].

            En agosto de 2004 fue inaugurado en Asunción el Tribunal Permanente del MERCOSUR, órgano encargado de dirimir los conflictos referentes a disputas comerciales entre los países miembros, integrado por cinco juristas, se trata de un cuerpo arbitral permanente nacido a propuesta de Argentina (febrero de 2002) que plasmara en el Protocolo de Olivos. Puede actuar como tribunal de única instancia entre los Estados parte o en doble instancia (una “ad-hoc” y otra como Tribunal Permanente de Revisión, en causas referentes a problemas de índole comercial)posible nuevo miembro pleno: Venezuela. 6. La cuestión en los países unidos por compromiso democrático al MERCOSUR. 7. Conclusiones. Trabajo presentado originalmente en el VI Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal/1º Jornada de Profesores de Derecho Penal del Mercosur, publicado en el libro de dicho evento académico. Por Marcelo A. Riquert, 1. Introducción En ocasión de celebrarse el Iº Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal (Santa Fe, 2001), convocados para reflexionar sobre “El sistema penal ante las exigencias del presente”, tuvimos la posibilidad de presentar una ponencia acerca de la necesidad de una actualización legislativa en el marco del análisis de las relaciones entre la informática y el delito[1]. Sin perjuicio de adelantar que, cinco años después, los avances en el ámbito local han sido escasos, es decir que, de hecho, varias de las “deudas” indicadas en aquel trabajo están vigentes, este Encuentro es una oportunidad de volver sobre la cuestión desde una perspectiva más amplia: la necesidad de armonización legal en la región. En función del acotado espacio que puede ocuparse ahora para ello, se evitarán reiteraciones de conceptos generales vertidos en la anterior, a la que remitimos. Sin perjuicio de ello, es insoslayable recordar que, habida cuenta de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la comunicación y la aparición en escena de un nuevo espacio, el virtual o ciberespacio, en materia de delincuencia, facilitando la afectación de bienes jurídicos a una distancia y con una velocidad hasta no hace tanto impensadas, resulta un lugar común la afirmación de estar en presencia de una problemática frente a la que el proceso de homogeneización legislativa y de cooperación en los ámbitos sustantivos y adjetivos, es una necesidad ineludible si se quiere evitar la existencia de “paraísos” de impunidad. Es importante destacar que, lejos de la pretensión de fomentar aún más el fenómeno de inflación legislativa penal (rasgo ciertamente negativo propio del llamado “derecho penal de la modernidad”, paradójica designación para lo que, más que avance, pudiera ser un lamentable retroceso, una regresión a los momentos menos pensantes de la historia del derecho penal), entendemos media una necesidad legítima de completar la tarea de actualización legislativa. Como afirma Möhrenschlager, algunos casos de abusos relacionados con la informática deben ser combatidos con medidas jurídico-penales, pero el Derecho Penal tradicional presenta, al menos parcialmente, relevantes dificultades para aprehenderlos derivadas en buena medida de la prohibición jurídico-penal de analogía y, en ocasiones, son insuperables por vía jurisprudencial, por lo que urge adoptar medidas legislativas[2]. Natural derivación de un medio globalizado, estas observaciones se reproducen en el derecho comparado cuando se enfocan momentos de desarrollo legislativo similares. En concreto, el diferente estado de la cuestión en los países que conforman el bloque regional en forma plena o asociada, permitiría que el aprovechamiento de la experiencia de unos y otros aportara para optimizar la tarea de armonización. Sin perder de vista las dificultades adicionales del singular proceso de integración que importa el Mercado Común del Sur, frente al que pueden hallarse visiones diametralmente opuestas, es posible avanzar desde lo local hacia esta equiparación que, luego, deberá ser integrada con los otros bloques regionales. En cuanto al propio, en palabras del constitucionalista brasileño Paulo Napoleão Nogueira da Silva, el Mercosur es una realidad que propone ser mucho más que una simple área de libre comercio, intenta ser una unión aduanera, una verdadera confederación económica que incluye la posibilidad de llegar a adoptar una moneda única[3]. En perspectiva crítica, indica Gabriela Wurcel que, más allá del nombre oficial, se está lejos de ser un verdadero mercado común o una unión aduanera perfecta[4]. Como recuerda Oscar Hermida Uriarte, el Mercosur tiene origen en el Tratado de Asunción, celebrado el 26 de marzo de 1991 entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, regulándose un período de transición o de construcción de una zona de libre comercio entre los cuatro países y de un arancel externo común en las relaciones del bloque con el resto del mundo. En la actualidad, se está tramitando la incorporación de un quinto país como miembro pleno, a partir del Protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela, que fuera signado en Caracas, el 4 de julio de 2006. Por el Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre de 1994, se estableció su estructura institucional definitiva, constituyendo el Mercosur en una “zona de libre comercio”[5] a su interior con un arancel interregional del 0 %, salvo excepciones, y una “unión aduanera”[6] hacia terceros países con una arancel externo común diferencial que oscila del 0 al 20 %, con excepciones[7]. Según la citada Wurcel, la crisis que atravesó el bloque regional a fin del milenio pasado, llevó incluso a hablar de la conveniencia de poner todo el esfuerzo en la consolidación de, al menos, la zona de libre comercio, dejando un tanto de lado el perfeccionamiento de la unión aduanera[8]. Adriana Dreyzin de Klor apunta que al optar los gobernantes del bloque por un mercado común, la estructura intergubernamental sobre la que se construye repercute operativamente en todos los campos, no sólo el jurídico-estructural, siendo la mayor crítica la carencia de órganos legisferantes con competencia legítima para elaborar el Derecho que rige su destino, junto a la falta de una Corte de Justicia Permanente. La verificación de numerosos disensos entre los miembros ha ido instalando como idea con consenso el efectuar un viraje institucional que dote al esquema de una legitimidad democrática de la que carece[9]. El actual conflicto entre Argentina y Uruguay por el tema de las papeleras frente la provincia de Entre Ríos, es una muestra cabal de los problemas aludidos. Desde el año 1992, con un plan inicial de cuatro encuentros, que comenzó cuando se realizó en Asunción, Paraguay, entre el 1 y el 4 de julio, el 1º Seminario Internacional sobre “Regionalización del Derecho Penal en el Mercosur”, con la participación de delegaciones de los cuatro países signatarios, conformadas por reconocidos profesores de la materia, se vienen realizando distintas actividades sobre el punto. En aquel encuentro los temas abordados fueron: 1) organización judicial; 2) los movimientos de reforma procesal penal y la protección de los Derechos Humanos; 3) procedimientos de cooperación en materia penal. El 2º Seminario fue en Maldonado, Uruguay, entre el 10 y el 13 de noviembre de 1993, mientras que el 3º se desarrolló en Porto Alegre, Brasil, del 27 al 29 de octubre de 1994, volviéndose a tratar cuestiones relacionadas a la cooperación internacional y temas relativos al Derecho Penal Económico. El 4º Seminario fue en Santa Fe, Argentina, del 26 al 29 de junio de 1996, donde se profundizaron temas vinculados a la delincuencia económica, como la protección penal de la competencia, el régimen penal de marcas, patentes y diseños industriales y el análisis comparativo de sistemas judiciales y de garantías procesales en el área[10]. En agosto de 2004 fue inaugurado en Asunción el Tribunal Permanente del MERCOSUR, órgano encargado de dirimir los conflictos referentes a disputas comerciales entre los países miembros, integrado por cinco juristas, se trata de un cuerpo arbitral permanente nacido a propuesta de Argentina (febrero de 2002) que plasmara en el Protocolo de Olivos. Puede actuar como tribunal de única instancia entre los Estados parte o en doble instancia (una “ad-hoc” y otra como Tribunal Permanente de Revisión, en causas referentes a problemas de índole comercial)

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