DELITOS INFORMÁTICOS Y SU PRUEBA

En la información contenida en estas páginas, se refleja el atraso de la ley penal mexicana (en la parte especial y en lo procesal) en relación al vertiginoso avance que cada año -en ocasiones en menos tiempo-, caracteriza a la denominada INTERNET (International Network) y a las diversas herramientas virtuales que son creadas para vestir y actualizar cada año a dicha invención, que se ponen a disposición y servicio, -gratuito u oneroso-, de millones de usuarios a nivel mundial y por consecuencia, desafortunadamente se constata dicho atraso, si se le compara -inevitablemente-, con las leyes penales que se están implementando a nivel internacional para describir y combatir los llamados cyberdelitos o delitos informáticos (1).

Bien sabido es, que el o la INTERNET consiste en un escenario virtual mediante el cual, el usuario promedio -en el caló informático “cybernauta” o “internauta”-, puede “navegar” o “surfear” para obtener infinidad de información (datos, imágenes y sonidos) para satisfacer su curiosidad o simplemente, para aclarar su inopia sobre algún tema en específico.

Para otros sujetos -muy especiales-, dichas herramientas constituyen un medio para obtener ilegalmente beneficios o ventajas de la propia tecnología que ha inundado la vida cotidiana y económica de personas físicas, las actividades económico-corporativas de empresas, movimientos de sectores de la Banca e incluso, información confidencial de las mismas autoridades, todas ellas, en territorio mexicano. Desafortunadamente, estos avances tecnológicos son utilizados para cometer delitos -en el mejor de los casos, cuando ya están tipificados en ley- o bien, cuando no; para ejecutar o concretar comportamientos ilícitos que afectan derechos ajenos y que permanecen impunes por no existir norma penal que los sancione en específico.

Este es el caso de la ley penal mexicana, en la que mediante Reformas de fecha 17 de mayo del 2000 publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se crearon en la especie, los artículos 211 bis 1 al 211 bis 7 al Código Penal Federal (2), que en lo medular, tipifican comportamientos -de los llamados hackers o crackers– que atentan contra los sistemas de cómputo que pueden o no, ser parte del sector financiero mexicano. En simple español, en este cuerpo normativo federal se sancionan el que un sujeto tenga acceso ilegal a dichos sistemas y los altere, dañe, modifique o provoque pérdida de información contenida en tales sistemas (3).

Sin embargo, en mi opinión, la complejidad y costo económico que representará el acreditar ante un juez penal un comportamiento ilícito que se ejecuta en el escenario virtual de la Internet o el Internet – y sus herramientas virtuales -, rebasa en mucho, los buenos deseos del legislador mexicano, reflejados en la reforma penal citada (4). Hoy en día existe una acelerada creatividad legislativa de fondo y forma que se está impulsando a nivel mundial, -en cada país o entre países- para hacer frente a tal fenómeno de la tecnología y a los comportamientos ilícitos que desafortunadamente traen aparejados dichos avances tecnológicos (5). A pesar de ello, los delitos informáticos no son material de estudio expreso en el Estatuto de Roma y por ello, no son competencia de la Corte Penal Internacional (6). No obstante lo anterior, dada la penetración e influencia que ha tenido y sigue obteniendo la informática en todas las actividades humanas, de las propias autoridades y gobiernos internacionales, en mi opinión los delitos informáticos podrían ser también competencia de la Corte Penal Internacional siempre y cuando, un instrumento informático sea el medio o la vía para cometer o ejecutar los delitos que si son competencia de dicho órgano internacional y que son: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o agresión.

Dentro del propio Derecho Penal, en México existe un nuevo campo de estudio para las Facultades de Derecho, los abogados -postulantes o académicos- y las propias autoridades ministeriales o jurisdiccionales, en el que con la misma agilidad y creatividad, deberán crear y proponer nuevos tipos penales así como impulsar la creación de normas procesales enfocadas a la acreditación de los delitos informáticos, para poder fundamentar y motivar la labor de los cuerpos especializados de investigación criminal – que ya existe en México-, con la Unidad de Policía Cibernética, dependiente de la Policía Federal Preventiva (7).

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