OMPI: Arbitraje en línea

El arbitraje tiene su sustento constitucional en el Art. 116 de la Constitución Política, estipulando en su último inciso que “los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en conciencia en los términos de la ley” . La Ley 446/98 define el arbitraje como un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, difieren su solución a un tribunal arbitral el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral. Posteriormente, debido a la proliferación de normas sobre descongestión judicial, mediante el Decreto 1818 de 1998, llamado Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, se hizo una compilación de las diversas regulaciones de conciliación y arbitraje, éstas últimas contenidas a partir del artículo 115, que constituyen un cuerpo normativo integral sobre el arbitraje, aunque algunas de esas normas ya se encuentran derogadas por lo que su aplicación debe hacerse cuidadosamente. Mediante el arbitraje, las personas naturales o jurídicas plenamente capaces, previo convenio, deciden sustraer del conocimiento de la justicia ordinaria una controversia susceptible de libre disposición conforme a derecho, para que sea decidida por particulares, llamados árbitros.[i] En la actualidad, tras la inmersión masiva de los medios electrónicos en diversas actividades negociales, es importante observar las ventajas de trasladar a la red el arbitraje como un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos acaecidos no solo en el mundo físico sino también en el nuevo contexto tecnológico del Internet, dando lugar al arbitraje en línea. Tomando como base un estudio de la OMPI sobre comercio electrónico y propiedad intelectual, los procedimientos de solución de controversias en línea pueden mejorar el acceso a los mecanismos de solución, al tiempo que aumentan la velocidad y la eficacia con la que se realizan esos procedimientos y se reducen los correspondientes costos; la posibilidad de presentar documentos mediante Internet permite que las partes remitan de manera inmediata un gran número de documentos los cuales pueden procesarse, almacenarse y archivarse mediante sistemas automatizados de gestión documental y las partes autorizadas pueden examinarlos desde cualquier lugar, las 24 horas del día, mediante una interfaz de Internet. Con el desarrollo de sistemas multimedia, las partes también podrán llevar a cabo reuniones en línea, reduciendo considerablemente gastos de viaje y de logística. A nivel internacional las primeras experiencias de solución de conflictos en línea se refieren a asuntos relativos a la propiedad intelectual derivados de los nombres de dominio. Dentro de dichas iniciativas cabe resaltar la de eResolution, fundada en 1999 y acreditada por la Corporación Internet para Nombres y Números Asignados (ICANN) para administrar la solución de conflictos relativos a nombres de dominio, de conformidad con su política. Gracias a la tecnología establecida por eResolution las partes, los encargados de la adopción de decisiones y los administradores de los expedientes pueden cumplir todo el trámite en línea. Un ejemplo más cercano se encuentra el Cibertribunal Peruano que opera como un Centro de Arbitraje entre las partes. La comunicación entre los representantes del Cibertribunal Peruano se desarrollan mediante correo electrónico. Las audiencias de arbitraje se realizan utilizando en algunos casos el correo electrónico y en otros se aplican sesiones de Chat y de Vídeo Conferencia entre las partes en conflicto y el Tribunal, así como entre los Vocales del Tribunal. Se usan sistemas de encriptación que aseguran la confidencialidad de las comunicaciones. Si la solicitud de arbitraje es presentada por una sola parte, se publica en la Página Web del Cibertribunal Peruano una reseña de la solicitud o demanda para alentar la respuesta de la contraparte. Finalizado el caso, se publica en la Página Web del Cibertribunal Peruano una sumilla de la resolución únicamente con el fin de crear precedentes.[ii] Dentro de los temas de competencia del Tribunal se encuentran el Comercio electrónico, la Contratación electrónica, los Contratos informáticos (incumplimiento de obligación, etc.), la Propiedad intelectual (Propiedad Industrial, Derechos de Autor, conflictos entre nombres de dominio, etc.), Actos de competencia desleal en la red, Teletrabajo, Publicidad y marketing en Internet, Protección del consumidor, Protección de la intimidad, Responsabilidad civil y todos aquellos temas en los que, a petición de parte nacional o extranjera, se solicite intervención.[iii] Jurídicamente uno de los puntos más importantes para analizar en el arbitraje en línea es la validez de un pacto arbitral concluido por medios electrónicos y la prueba del escrito que contenga un compromiso o cláusula compromisoria. La Cláusula compromisoria se entenderá como el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral. [iv] El compromiso, por su parte, es un negocio jurídico, por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. El compromiso podrá estar contenido en cualquier documento como telegramas, télex, fax u otro medio semejante. [v] Estos requisitos contemplados en el Decreto 1818 mencionado anteriormente no constituyen ningún tipo de obstáculo para que consten en un documento electrónico, ya que Colombia cuenta con un marco legal que permite solucionar en gran parte los inconvenientes de la contratación por medios electrónicos. En cuanto a otras cuestiones del arbitraje en línea relacionadas con la notificación de documentos en cuanto a la prueba del envío y de la recepción de mensajes de datos, intercambio de documentos electrónicos entre las partes y los árbitros, la expedición y firma del laudo arbitral, la Ley 527/99 y su decreto reglamentario 1747/00, plasman importantes disposiciones sobre el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, la equivalencia funcional (escrito, firma y original); la admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos; la formación y validez de los contratos, la validez de la firma digital, la participación de terceros de confianza como las entidades de certificación digital, etc. brindando el soporte legal necesario para que el documento electrónico y las herramientas técnicas como la firma digital y los certificados digitales contribuyan a eliminar los riesgos e incertidumbres inherentes al comercio electrónico, tales como la suplantación de identidad, la alteración de los mensajes de datos, la confidencialidad de los mismos y el rechazo o repudio de las transacciones. En Colombia, con la expedición de la Ley de Comercio Electrónico (Ley 527/99) y el Decreto 1747 de 2000 se da un gran paso para la seguridad legal de las transacciones y procesos electrónicos, sin embargo en lo referente al proceso arbitral, los Centros de Conciliación y Arbitraje no disponen aún de una infraestructura tecnológica que permita abordar en línea los trámites procesales que se surten en las etapas fundamentales del debido proceso: petición, notificación al demandado, instrucción y fallo. Bajo los anteriores presupuestos y teniendo en cuenta que el marco jurídico actual sobre arbitraje y uso de medios electrónicos proporcionan una base para la adaptación al entorno en línea de este mecanismo alternativo de justicia, en Colombia las Cámaras de Comercio son las primeras llamadas a implantar un sistema que permita que el proceso arbitral se realice en línea, ya que cuentan con la ventaja de tener la única entidad de certificación digital abierta autorizada en el país por la Superintendencia de Industria y Comercio, denominada Certicámara y que en sus cinco años de haber sido constituida ya cuenta con un know how que le ha permitido incursionar en los sectores público y privado para agilizar trámites con pleno respaldo legal, garantizando a través de certificados digitales, la autenticidad, confidencialidad, integridad y no repudiación, requisitos que debe reunir un documento electrónico para que tenga pleno valor probatorio. A pesar de las múltiples ventajas del arbitraje en línea mencionadas en los párrafos anteriores tales como eficacia, menor costo, rapidez, simplicidad, etc. el camino a seguir en esta materia suele tornarse complejo no solo por los altos costos de implantar los mecanismos electrónicos necesarios, sino también por factores culturales de la sociedad arraigados al uso del papel y a la presencia física de las personas; pero de lo que no debe quedar duda alguna es que el mundo arbitral se encuentra obligado a dar una activa y adecuada respuesta a los avances del entorno tecnológico, a los desafíos de mercados sin fronteras, de fuerte competencia e innovación que espera que el sistema jurídico facilite y asegure las diversas actividades negociales, brindando mayor agilidad a la solución de controversias y con la preparación y especialización de Arbitros en temas de derecho electrónico.

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